La diputada Mónica Schlotthauer (izquierda Socialista/FIT Unidad) acaba de presentar un proyecto de ley bajo el título: “No al Presupuesto 2025 de Milei. Postulamos un plan económico alternativo de emergencia, obrero y popular, para erradicar la pobreza, la desigualdad social, la dependencia y el sometimiento del país a las multinacionales y al FMI” (ver proyecto).

Schlotthauer señaló: “El Presupuesto 2025 de Milei acelera la motosierra con más robo a las y los jubilados, a las universidades, a la educación y salud pública, a Ciencia y Tecnología y otros sectores vitales. Con más tarifazos, más entrega y menos soberanía. El gobierno dice que no hay plata, pero esta semana pagó 800 millones de dólares de la estafa de la deuda externa y sigue beneficiando a los grandes capitalistas, a Marcos Galperín, a las mineras, petroleras, a los bancos y al FMI.”

Schlotthauer finalizó: “Milei miente. Plata hay. Hay que dejar de pagar ya la usurera deuda externa y volcar esos fondos a aumentar los salarios y jubilaciones y los presupuestos sociales. Miente Milei cuando dice que se le cobran muchos impuestos a los empresarios cuando son eximidos permanentemente y son los que evaden. Hay que imponer un fuerte impuesto a los grandes empresarios, bancos y multinacionales porque los únicos que pagan son los trabajadores y el pueblo. Hay que recuperar las empresas privatizadas estatizándolas y nacionalizar la banca y el comercio exterior. Por eso rechazamos el presupuesto de Milei con la complicidad de los gobernadores y presentamos nuestro propio proyecto desde Izquierda Socialista con la salida de fondo del Frente de Izquierda Unidad”.

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Proyecto de ley
La Honorable Cámara de Diputados sanciona con fuerza

No al Presupuesto 2025 de Milei. Postulamos un plan económico alternativo de emergencia, obrero y popular, para erradicar la pobreza, la desigualdad social, la dependencia y el sometimiento del país a las multinacionales y al FMI.

Art 1. Impleméntese un nuevo plan económico alternativo de emergencia obrero y popular. El mismo tendrá como objetivo combatir el hambre, la pobreza, la desigualdad social y la dependencia del país. Los fondos recaudados en el presente proyecto estarán destinados a aumentar los salarios y jubilaciones, a generar trabajo genuino con un plan de obras públicas, una fuerte inversión en los presupuestos de salud, educación, universidades y vivienda, entre otros, para satisfacer las urgentes necesidades populares.

Art 2. A partir de la presente se suspenden todos los pagos en concepto de deuda externa, tanto de capital como de intereses, ya que se trata de una deuda ilegítima, usurera y fraudulenta contraída en perjuicio del pueblo trabajador. La República Argentina, a su vez, desconoce a través de la presente ley el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, declarándolo nulo de nulidad absoluta, como así también todos los actos, condicionamientos y disposiciones que se desprendan del mismo.

Art 3. Se impone a partir la presente ley un impuesto especial a las grandes riquezas, ganancias y utilidades de millonarios, grandes empresarios, bancos y multinacionales. Y se dispone la eliminación inmediata del IVA de la canasta familiar y del denominado impuesto al salario, cuarta categoría, el mal llamado impuesto a las ganancias.

Art 4. Procédase a reestatizar (nacionalizar) todas las empresas privatizadas, incluyendo el sistema ferroviario, disponiéndose la anulación de todas las concesiones, sin indemnización. Dichas empresas pasarán a manos del Estado nacional, como único titular de las mismas, funcionando
bajo control, gestión y administración de trabajadoras y trabajadores y organizaciones de usuarios. De la misma manera se procederá con la Hidrovía del Paraná.

Art. 5: A partir de la presente se nacionaliza la producción, extracción, refinación, exploración, transporte y distribución de la industria petrolera y gasífera. A tal fin se creará una nueva YPF y Gas del Estado, que serán sociedades cien por ciento estatal, tomando posesión de los bienes existentes para su planificación racional. Se avanzará en el fin de la explotación contaminante del fracking y se frenará el avance de la exploración hidrocarburífera en los mares (off shore), dado su carácter depredatorio. Se procederá, a su vez, a la estatización del conjunto de los recursos y bienes comunes energéticos y minerales estratégicos, cuya explotación se hará en consulta con las comunidades, asambleas y profesionales, en estricto cuidado del ambiente, quienes encararán un plan de transición productiva al servicio de las necesidades populares. Prohíbase la megaminería contaminante y procédase a implementar una fuerte inversión a través del Conicet y los organismos correspondientes en el desarrollo de técnicas para la obtención de recursos minerales estratégicos como el litio, que tengan un carácter sustentable y sean aprobadas desde los territorios.

Art 6. Procédase a nacionalizar la banca y el comercio exterior, a fin de terminar con la especulación financiera, la fuga de capitales y el gran negocio con las exportaciones e importaciones, lo que garantizará que el dinero que se genera en el país sea puesto prioritariamente al servicio del pueblo trabajador, el crédito popular, hipotecario y proyectos para reactivar de manera urgente la economía del país.

Art 7. De forma.

Mónica Schlotthauer

Fundamentos

Argentina está sumida en la extrema pobreza (53%) e indigencia (18%). Es un país rico en alimentos, carne, leche, petróleo, gas, bosques, mares, ríos, minerales, pero tiene millones de personas que no pueden acceder a un alimento, al agua, a los medicamentos. Siete de cada diez niñas y niños son pobres. Casi el 20% están en la indigencia, es decir, no consumen lo mínimo e indispensable para subsistir. A tal punto que ascendió la desnutrición crónica o malnutrición infantil (sobrepeso-obesidad), provocando un retraso en el crecimiento de los menores en edad escolar, baja en la talla y en el rendimiento intelectual (informe de la FAO-Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, agosto 2024).

Esto se debe a que Argentina sigue siendo una semicolonia del imperialismo norteamericano desde el golpe de 1955, donde reina la decadencia económica y social como parte de la crisis capitalista mundial. Desde los años 70 fue retrocediendo cada vez más, dando paso a la concentración monopólica, extranjerización y saqueo, pegando un nuevo salto en ese proceso bajo el gobierno peronista de Carlos Menem en los años 90.

Argentina a lo largo de las décadas ha perdido la propiedad y el control de los ferrocarriles, YPF, las empresas de luz y gas, teléfonos, los puertos, la Hidrovía del Paraná, Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA), el manejo de lo que se exporta e importa, entre un largo etcétera. Todo bajo una estructura capitalista que todos los gobiernos han dejado intacta. Males que se han agravado desde la asunción del gobierno ultraderechista de Milei.

El gobierno festeja el “superávit fiscal”, pero lo hizo mediante la poda inhumana de las jubilaciones, la obra pública, las universidades y otros recortes esenciales como parte de un plan motosierra al servicio de engordar las ganancias capitalistas y los bolsillos de los usureros internacionales y el FMI. Dice que no hay más déficit fiscal, cuando el “déficit” permanente lo genera el pago de capital e intereses de la deuda externa. Por ejemplo, en enero de este año los intereses de la deuda externa superaron lo que se pagó en jubilaciones y pensiones.

El “no hay plata” del gobierno es para encubrir que la plata se va a la deuda externa y al FMI. Mientras les perdona impuestos a los mercenarios del blanqueo de capitales, a las multinacionales extractivistas y contaminantes beneficiadas con el RIGI, les reduce impuestos a los más ricos
(Bienes Personales) y reimpuso el impuesto al salario (ganancias) a un millón de trabajadoras y trabajadores. Argentina se desangra pagando una supuesta deuda ilegítima y fraudulenta, mientras todos los gobiernos dejan que se vaya la riqueza nacional por la fuga de capitales, evasiones impositivas a los grandes empresarios y multinacionales, por los puertos privados, el comercio exterior, la bicicleta financiera, entre tantas otras permisiones y maniobras.

Los distintos gobiernos pagaron religiosamente esa deuda contraída en la última dictadura militar y la renegociaron permanentemente imponiendo severos ajustes. Por pagar la deuda, todos los días se van escuelas, hospitales, salarios, jubilaciones, rutas, caminos, viviendas populares. Atento a ello la pobreza viene creciendo exponencialmente: Cristina Kirchner dejó el gobierno en 2015 con un 30% de pobreza, Macri el 38%, Alberto y Cristina el 41% y Milei la llevó al 53%.

El pacto con el FMI vuelve a redoblar aún más las recetas que ya se aplicaron con la hiperinflación de Alfonsín en los años ´80; el 1 a 1 de Menem-Cavallo en los años 90 (donde se remataron todas las empresas del Estado para pagar “en especie” mientras la deuda externa creció al doble); el “blindaje” de De la Rúa-Chacho Alvarez de 1989/2001; los 12 años peronistas kirchneristas donde nunca “nos liberamos” del FMI ni “nos desendeudamos” como demagógicamente decía el gobierno, sino que se pagaron 200.000 millones de dólares en concepto de deuda externa y terminó ese gobierno con una deuda similar. Luego vino Macri y Caputo que nos endeudaron en 100 mil millones de dólares, entre ellos los 45.000 millones de dólares con el FMI, y posteriormente Alberto Fernández y Cristina Fernández reconocieron esa estafa, volviendo a sellar un pacto con el FMI. Ahora Milei ordenó el presupuesto 2025 bajo la prioridad de cumplir con el Fondo Monetario sea como sea, llevando a cabo un ajuste brutal contra el pueblo trabajador, recesión, desigualdad social.

Entre diciembre 2023 y agosto 2024 la deuda creció 87.000 Millones de Dólares provocando que la deuda del Estado nacional sea de 455.000 MD (85% del PBI). Esto sumado a la deuda del Banco Central -pasada ahora al Tesoro-, las Provincias (30.000 millones de dólares) y municipios, asciende a la friolera de 520 mil millones de dólares.

Para el Presupuesto 2025 la prioridad no son las y los jubilados, la docencia, la universidad, el personal de salud o nuestras niñas o niños, sino los pagos de la deuda externa. En los próximos 10 años hay pagos por
180.000 millones de dólares. Hasta diciembre de este año se deberán pagar 3.000 millones de dólares y el año que viene más de 20.000 millones de dólares. Por eso sostenemos que la primera medida del plan económico que proponemos pasa por dejar de pagar ya esa deuda usurera y liberarnos de los dictados económicos y políticos que nos someten al FMI, volcando esos fondos a trabajo, salario, jubilaciones, salud, educación y vivienda.

También hay que imponer un fuerte impuesto a las ganancias y utilidades de los grandes capitalistas. Es mentira que en Argentina hay muchos impuestos que impedirían a los capitalistas invertir. Nuestro país impone menos que la OCDE, países donde se grava más con impuestos directos (progresivos) y no como acá, donde el que más recauda es el IVA con el 21%, el más regresivo, ya que pagan más en proporción a sus ingresos quienes menos ganan que un gran capitalista.

Al contrario, son las multinacionales que actúan en nuestro país (agronegocio, automotrices, mineras, petroleras, litio, etcétera) la que se llevan las grandes ganancias, haciendo miles de maniobras para evadir.

Las principales empresas que actúan en el país, centralmente extranjeras, tuvieron una gran rentabilidad en el primer trimestre de 2024 a pesar de la recesión. Según el informe “Ganadores y Perdedores en los primeros meses del gobierno de Milei”, elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), si se suma a las tres empresas alimentarias que cotizan en bolsa (Arcor, Mastellone y Río de la Plata), sus ganancias operativas tuvieron un incremento del 687 por ciento, muy por encima del 273 por ciento de la inflación del período. “Se registran incrementos que superan el 9.000% en los laboratorios; 5.000% en el complejo exportador de granos; 1.300% en el sector alimenticio; 945% en el sector bancario y 790% en el hidrocarburífero”, dice el informe.

¿De qué empresas estamos hablando? Entre las petroleras y gasíferas: YPF, PAE, Tecpetrol (Techint), Pluspetrol, Vista Energy, Shell, Total Austral y Chevron, entre otras. Alimenticias: Arcor (Pagani); Mastellone; Molinos Río de la Plata (Pérez Companc); Molinos Cañuelas; Quilmes; Mondelez; Nestlé. Agroindustria y Oleaginoso: Cargill, Viterra, Bunge, Dreyfus, Aceitera General Deheza (AGD), Cofco, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro (Perez Companc), entre otros operadores. Bancos: Santander (Banco Santander de España); Macro; BBVA; Galicia; Supervielle; Hipotecario; Comafi. Metalúrgicas: Ternium (Techint); Aluar-Aluminio (Madanes Quintanilla); Tenaris; Acindar; Aceros Zapla; AcerBrag y Gerdau (Sipar). Energía mayorista: Central Puerto
(Miguens-Bemberg y Escasany); CT Ensenada Barragán (Pampa Energía-Mindlin); YPF; Enel (Italia); Aes; YPF Luz. Farmacéuticos-laboratorios: Bayer; Pfizer; AstraZeneca; Richmond; Elea; Roemmers; Gador; Bagó.

Por otro lado, según la revista Forbes, la lista de billonarios argentinos la encabeza Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, con una fortuna de USD 6.300 millones. Este dato es de destacar ya que Galperín es beneficiado con 100 millones de dólares al año en subsidios impositivos por parte del Estado fruto de una ley de promoción de la economía basada en el conocimiento sancionada bajo el gobierno peronista. Galperín es dueño de la empresa local de mayor valor, con un market cap (valor acumulado de las acciones de la compañía) en más de USD 82.000 millones (Infobae, enero 2024), superando hoy los 100 mil millones de dólares. Le sigue en fortuna Paolo Rocca (Grupo Techint) con USD 5.600 millones; Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy) con USD 4.900 millones; Gregorio Pérez Companc (USD 3.900 millones); Eduardo Eurnekian (Corporación América-Aeropuertos Argentina 2000) con USD 3000 millones y Eduardo Costantini (gurú de las finanzas y desarrollador inmobiliario) con USD 1.400 millones. Si se gravaran especialmente estas exponenciales ganancias empresariales ahí tendríamos los millones de dólares para erradicar la pobreza.

Por otro lado, como parte del plan económico que postulamos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad, es necesario recuperar el patrimonio nacional rematado con las privatizaciones en la década del 90 bajo el gobierno peronista de Carlos Menem, gobierno que Milei reivindica como el mejor de la historia. “Modelo” de saqueo que siguió bajo todos los gobiernos posteriores.

Así se hizo entrega de las empresas del Estado diciendo que “daban pérdidas”, con el objetivo de entregarlas a precio vil al capital privado. Se decía que de esa manera la deuda externa iba a bajar, pero creció el doble. Señalaban también que todo tenía que ser privatizado para que haya trabajo e inversión. Ocurrió lo contrario. Ahora vuelven a insistir con lo mismo.

Las empresas privatizadas de electricidad, por ejemplo, han hecho un desastre. Brindan un servicio malísimo, hay cortes permanentes, no invierten y ahora son beneficiadas con tarifazos monstruosos. Un gran negocio del que lucran las generadoras, transportistas y
distribuidoras (Edenor-Edesur-Edelap) desde 1992 en que fueron desguazadas Segba, Hidronor y Agua y Energía Eléctrica.

El gobierno de Milei le está haciendo pagar al pueblo trabajador la reducción de los subsidios para financiar la “inversión” con tremendos tarifazos. Es decir, el pueblo financia a las empresas para que encima presten un servicio deplorable, caro e ineficiente. A tal punto es así que ellas mismas lo reconocen. En una solicitada pública dijeron: “las tarifas permiten a las empresas afrontar las inversiones, gastos de operación, mantenimiento de sus redes”. ¿Por qué entonces se mantiene ese colosal negocio privado con subsidios del Estado y tarifazos que paga el pueblo en vez de que sean reestatizadas?

El gobierno de Milei dice, por ejemplo, que Aerolíneas Argentinas da pérdidas, por eso se debe privatizar. Lo mismo sostiene para todo lo que es estatal. Pero no cuenta que la línea de bandera genera un beneficio económico y social enorme, varias veces superior a lo que el gobierno llama pérdidas (beneficio de 6.000 millones de dólares en 2021, por ejemplo).

Las empresas del Estado no necesariamente deben dar “ganancias”, sino que deben valorarse por el beneficio social que generan y el servicio que prestan. Por ejemplo, la privatización del ferrocarril de los años 90 fue puro saqueo, negocio privado y muerte, provocando la masacre de Once en 2012 como resultado del vaciamiento ferroviario provocando 52 muertes y más de 800 heridos.

El ferrocarril nació por impulso del Estado Argentino en 1854. Scalabrini Ortiz en "Historia de los Ferrocarriles Argentinos" desmitifica que por ser estatales eran sinónimo de ineficiencia, onerosidad y pérdidas. Daban ganancias y sus tarifas eran inferiores en un 50% a la de los ferrocarriles privados. El ferrocarril estatal cumplía un rol de fomento, llegando a zonas pobres o de poca densidad de población, uniendo pueblos y dando empuje a las economías regionales.

Otro tanto ocurrió con Gas del Estado. Cuando en 1945 se nacionalizó, bajaron las tarifas, los costos de producción y se amplió la red de distribución y gasoductos (20.000 kilómetros). Empresa que fue desguazada y descuartizada con una ley votada con diputruchos en 1992.
Lo mismo podemos decir con la privatización del río Paraná llevada a cabo por el gobierno de Carlos Menem en 1995 (Decreto 253/95) y prorrogada por todos los gobiernos posteriores. Por la Hidrovía (Cuenca del Paraná) sale el 80% de nuestras exportaciones e ingresa el 95% de las
importaciones. A ello hay que sumarle las veintinueve terminales portuarias en manos de grandes grupos transnacionales de la agroexportación: Cargill, Bunge-Viterra, ADM, Dreyfuss, Cofco.

El Paraná es el tercer río navegable del mundo en su extensión, sin embargo, nuestro país no tiene ningún tipo de control, ni sobre la mayoría de los puertos en su ribera desde la destrucción de la estatal Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA). La privatizada Hidrovía fue campo fértil para todo tipo de maniobras de saqueo, que incluye la fuga de divisas (se calcula que se evaden 20.000 millones de dólares al año) y el contrabando de granos (como se vio en forma flagrante en el caso Vicentin), donde el Corredor Litoral también ha sido utilizado para la evasión tributaria, trata de personas, narcotráfico y contrabando de armas.

No es posible el desarrollo del país si se tienen empresas estratégicas, recursos y servicios esenciales en manos privadas (petróleo y el gas, electricidad, sistema ferroviario, etcétera). Deben estar en manos del Estado Nacional bajo estricto control y gestión de trabajadores y organizaciones de usuarios. A su vez, es fundamental nacionalizar la banca y el comercio exterior. Pocas empresas concentran las exportaciones del país, petroleras, mineras, cereales, empresas agroindustriales, automotrices, industria, aluminio, entre otras. Esos pulpos financieros controlan la especulación con el dólar y la fuga de capitales.

El comercio exterior (lo que se vende -exportaciones- y lo que se compra -importaciones-), es una parte esencial del mecanismo por el cual se llevan nuestras riquezas, que se complementa con la fuga de capitales y las bicicletas financieras. Según datos oficiales, en 2020 facturaron la friolera de 51.300 millones de dólares. Es que los pulpos exportadores sólo presentan declaraciones juradas sin que nadie verifique qué y cuánto se sube exactamente a los barcos mercantes.

Se trata entonces de crear un ente estatal que, articulado con una banca también nacionalizada, tenga el manejo de esta actividad estratégica determinando qué se puede exportar una vez cubiertas las necesidades populares. Se terminará así con cuestiones inexplicables, como que el pan tenga valores exorbitantes porque la harina cotiza al precio del trigo medido en dólares. El ente estatal de comercio exterior adquirirá los bienes destinados a la exportación a los productores, les pagará en pesos y los acopiará antes de definir si van al consumo interno o a la exportación. El Estado luego venderá aquello que se decide exportar, percibiendo directamente los dólares (no como ahora que quienes lo cobran son
multinacionales), terminando con la actual especulación cambiaria y la fuga de capitales. Medidas que deberían ser complementadas con una reforma agraria que expropie a los grandes terratenientes, respetando al pequeño productor y a las cooperativas, para potenciar el acceso a la tierra para quien la quiera trabajar.

Al mismo tiempo es indispensable que todos los bancos pasen a conformar una banca nacionalizada que unifique el ahorro nacional y el sistema de crédito en manos del Estado. Una banca estatal única que otorgue créditos baratos al pueblo trabajador y a los pequeños comerciantes.
En nuestro país no faltan “dólares”, sino que los distintos gobiernos permitieron que se fuguen. La Red de Justicia Fiscal para América latina y el Caribe revela que han desaparecido de la región casi seis billones de dólares entre 2002 y 2011, a un promedio de 600 mil millones de dólares por año, el equivalente al total de las exportaciones sumadas de los diez países de América del Sur. A esto sumémosle las ganancias que van hacia las casas matrices, el dinero que sale por los miles de agujeros del circuito financiero y los dólares que directamente se escapan por maniobras delictivas como lavado de dinero, paraísos off-shore o el narcotráfico.

Se calcula que actualmente hay aproximadamente 450.000 millones de dólares fugados de nuestro país en el exterior, casi un PBI completo, es decir, el equivalente a la riqueza entera que producimos en un año. En ese marco es que es necesario la nacionalización de la banca y el comercio exterior, como parte del nuevo plan económico que estamos postulando.

Como conclusión, está claro que plata hay. Si se deja de pagar la deuda externa, se impone un impuesto especial a las ganancias de grandes empresarios, bancos y multinacionales, si se impide la fuga de capitales y la bicicleta financiera, se recuperan las empresas privatizadas, nacionaliza el petróleo y el gas, la banca y el comercio exterior, se lograría que los fondos vayan a erradicar el hambre, la pobreza, la desnutrición infantil. A aumentar los salarios y jubilaciones al valor de la canasta familiar, subir los presupuestos de salud, educación (llevándolo al 10% del PBI renacionalizando todo el sistema educativo) y de vivienda, a reactivar la economía dando empleo genuino, prohibiendo los despidos y suspensiones, nacionalizando o provincializando toda empresa que cierre o despida, reduciendo la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo con igual salario, entre otras medidas. Es decir, se terminaría con el enriquecimiento de una minoría de grandes empresarios, bancos, multinacionales, usureros,
dando fin a las imposiciones del FMI, pasando a combatir los males sociales de millones.

Todos los gobiernos capitalistas nos han llevado al desastre, radicales, peronistas, el PRO. Hoy la ultraderecha de Milei está provocando un nuevo capítulo, tal vez el más siniestro, de esta debacle social. El peronismo gobernó 28 años de los más de 40 que nos separan de la última dictadura militar haciendo creer que con algunas regulaciones (el verso del “Estado presente”), bajo un supuesto gobierno “nacional y popular”, se solucionarían los problemas. Una mentira total. El peronismo gobernó para los grandes capitalistas, las multinacionales y el imperialismo, para sus empresarios amigos y una gran corrupción, manteniendo las bases intactas de este sistema capitalista de hambre, dependencia y destrucción ambiental que, bajo distintas formas, defienden tanto la centroderecha, la denominada centroizquierda y ahora la ultraderecha.

Hay otra propuesta, completamente opuesta, que es la que estamos presentando en este proyecto de ley. Un plan económico de la clase trabajadora y demás sectores populares, que deberá ser implementado bajo una economía planificada en función de sus intereses. Pelea que va íntimamente ligada a la de lograr un gobierno de las y de los trabajadores y de la izquierda, como promovemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, en camino a una Argentina Socialista con plena democracia para el pueblo trabajador.

Mónica Schlotthauer

Viernes 22 a las 15

Diputada Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista-FIT Unidad)
Anexo del Congreso Nacional
Avenida Rivadavia 1841

Proyecto de ley

Artículo 1
A partir de la presente ley el Estado Nacional reasume como único titular la propiedad, administración, explotación y funcionamiento de toda la Red Ferroviaria Nacional y los terrenos ferroviarios -incluidas las líneas férreas provinciales-, mediante un Sistema Unico Ferroviario, el que operará bajo control de las y los trabajadores ferroviarios elegidos democráticamente y con cargos revocables y de las organizaciones de usuarios del servicio. A tal fin se crea la empresa “Ferrocarriles del Estado Argentino”, cien por ciento estatal, la cual contará con un directorio integrado por los sectores antes mencionados, que diseñará en forma inmediata un plan de recuperación, modernización y tecnificación del ferrocarril con fondos que asignará el Poder Ejecutivo Nacional en forma inmediata en base al no pago de la deuda externa.

Artículo 2
En virtud del artículo primero, se declara la nulidad absoluta e insanable de los contratos de concesión y demás instrumentos legales y jurídicos -leyes, decretos, resoluciones y otras disposiciones- que motivaron la transferencia a empresas privadas de los derechos de uso de la infraestructura y material rodante del sistema ferroviario, como así también de la explotación de corredores y líneas férreas de la República Argentina, tanto de carga como de pasajeros. Entre ellos el Decreto 695/2024 del actual gobierno de Milei, la Ley Bases y el DNU 70/23.

Artículo 3
La anulación de dichos contratos se realizará sin indemnización alguna, procediendo los concesionarios en forma inmediata a reintegrar todo el parque tractivo y rodante; la totalidad de las instalaciones, herramientas, repuestos y demás material cedido y todas las tierras ferroviarias, el que deberá reintegrarse a valor actualizado previo pago por el uso del mismo, a fin de recuperar su capacidad operativa y valor al momento de las concesiones.

Artículo 4
La empresa “Ferrocarriles del Estado Argentino” reincorporará con carácter urgente y prioritario a todo el personal que haya sido cesanteado por conflictos gremiales anteriores y posteriores al proceso de concesiones por causa de planes de racionalización o achicamiento. Todos los trabajadores de las actuales empresas ferroviarias pasarán a planta estatal bajo convenio ferroviario y quedarán contemplados en los Convenios Colectivos que regían en el año 1975, procediéndose a actualizar el salario a la fecha de la presente ley de acuerdo al índice del costo de vida.

Artículo 5
Se incorporará con plenos derechos convencionales y salariales a la planta permanente a las y los trabajadores que revistan en empresas tercerizadas que desarrollan tareas comprendidas en el convenio ferroviario en el ámbito de los ferrocarriles en cualquiera de sus ramas. Estos trabajadores serán considerados ferroviarios a todos sus efectos en los términos del artículo 4º.

Artículo 6
Se crea una Comisión Nacional Investigadora compuesta por trabajadoras y trabajadores ferroviarios elegidos democráticamente y con cargos revocables, a fin de supervisar el traspaso del sistema ferroviario del ámbito concesionado al sistema estatal. La misma realizará una auditoría integral e inventario de los bienes traspasados. Además, la comisión deberá investigar desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha el proceso licitatorio y los distintos planes de ajuste del sistema ferroviario, con capacidad para recabar, colectar y exigir pruebas de cualquier entidad u organismo a fin de señalar los distintos niveles de responsabilidad, tanto administrativas, pecuniarias y penales, de funcionarios, directivos, dirigentes políticos y gremiales que ocasionaron el actual colapso ferroviario.

Artículo 7
El objeto de la investigación no será meramente la de una “comisión de la memoria” del vaciamiento ferroviario, que lo será, sino que tendrá la función de demandar la incautación equivalente del producido del vaciamiento ferroviario por parte de todos los grupos económicos que operaron en el ferrocarril, habilitando al Estado Nacional a disponer las medidas pertinentes a los fines de cumplimentar lo dispuesto en este artículo.

Artículo 8
La Comisión a que hace referencia el artículo 5° investigará también los contratos firmados con empresas de capitales chinos y las deudas contraídas a tal efecto, con el propósito de anular los costos extraordinarios. Se retomará un plan de industrialización ferroviaria rehabilitando la totalidad de los talleres ferroviarios, estatizando y/o recuperando talleres que han sido cerrados, como Emfer, Tatsa y otros.

Artículo 9
La nueva empresa estatal “Ferrocarriles del Estado Argentino” será controlada en forma colectiva por las y los trabajadores ferroviarios, que elegirán sus representantes en asambleas de línea y seccional y se establecerá un sistema de control por parte de comisiones populares de usuarios elegidos también en asambleas y de organizaciones ambientalistas.

Artículo 10
La presente ley tiene por objeto rescatar al sistema ferroviario con el fin de ponerlo al servicio de las necesidades del pueblo trabajador, de las economías regionales, tornándolo eficiente, seguro, con tarifas populares y accesibles. El que deberá integrarse a un Plan Nacional de Transporte controlado, gestionado y administrado por las y los trabajadores y organizaciones de usuarios de los distintos sectores comprometidos.

Mónica Schlotthauer
Vanina Biasi
Nicolás del Caño
Alejandro Vilca
Christian Castillo

Fundamentos

Estamos ante un sistema ferroviario obsoleto, colapsado e inseguro al servicio de las ganancias capitalistas. Esto lo demostró la declaración de emergencia ferroviaria tras el choque de trenes ocurrido en el ferrocarril San Martín en mayo de este año. Por otro lado, los tremendos tarifazos en el boleto que dispuso el gobierno ultraderechista de Milei, muestran que el pueblo trabajador sigue subsidiando a los empresarios privatizadores. Esto desmiente la campaña del gobierno de que “lo privado funciona mejor”. Al contrario, la privatización del sistema ferroviario es sinónimo de ganancias privadas, corrupción y muerte. Esto se demostró el 22 de febrero de 2012 con la masacre evitable de Once, provocando 52 muertos y 800 heridos en el ferrocarril Sarmiento en manos del entonces empresario mafioso Cirigliano-TBA bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Un año y medio atrás, la pelea de los trabajadores tercerizados ferroviarios y el asesinato de Mariano Ferreyra, joven estudiante y militante del Partido Obrero, asesinado por apoyar ese proceso, se logró el pase a planta permanente de mas de 3.000 trabajadores, sacando a la luz el negociado ferroviario con las tercerizaciones por parte de los concesionarios privados, el gobierno y la burocracia sindical.

Este proyecto del Frente de Izquierda Unidad es para erradicar todo esto, terminar con el desguace y la desidia ferroviaria y enfrentar el nuevo proyecto privatizador de Milei, postulando la inmediata reestatización de todo el sistema ferroviario, el que deberá ser puesto a funcionar bajo control, gestión y administración de sus trabajadoras y trabajadores, organizaciones de usuarios y ambientalistas.

La historia devela muchos mitos

Haciendo memoria, el ferrocarril nace por impulso del Estado Argentino en 1854, echando por tierra con el mito de que fueron desde el comienzo propiedad británica. La instalación de líneas férreas fue un verdadero avance para el país. Desde el 30 de agosto de 1857, fecha en que se inauguró el primer ferrocarril argentino en la zona Oeste con 11km. de vías entre las estaciones del Parque y Floresta, los ferrocarriles han surcado tierras vírgenes, llanuras y montañas, uniendo aldeas, ciudades y llevando su acción de progreso y civilización.

Scalabrini Ortiz en “Historia de los Ferrocarriles Argentinos” desmiente que por ser estatales eran sinónimo de ineficiencia, onerosidad y pérdidas. Afirma que daban ganancias y sus tarifas eran inferiores en un 50% a las de los ferrocarriles particulares. Pero ya en 1889 los gobiernos de Juárez Celman, Carlos Pellegrini y Julio A. Roca los iban entregando al capital inglés en condiciones tales “que cualquier ciudadano argentino pudo adquirir porque la operación no requería ni un centavo de capital efectivo” (ídem S. Ortiz).

Gobiernos entreguistas habían hipotecado los ferrocarriles en aras de la creación de la deuda externa, para finalmente privatizarlos. Por eso en todo este proceso la clase trabajadora, en particular la ferroviaria, se opuso a la entrega con huelgas y movilizaciones. En 1912 se produce la más larga, de 52 días.

En 1941, con 41.198 km. de vías férreas, Argentina ocupaba el octavo lugar entre los países del mundo, después de EE.UU., Rusia, India, Canadá, Alemania, Francia y Australia. Los ferrocarriles en 1944/45 tenían una red de capital privado de 29.094 km. de vías y el estatal de 12.942. Era un reparto en desmedro del ferrocarril estatal, que cumplía un rol de fomento llegando a zonas pobres o de poca densidad de población, reservando al ferrocarril privado las zonas de alta producción. Una injusta “división de tareas” entre lo estatal y privado, con el objetivo de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.

El gobierno de Juan Domingo Perón nacionalizó la red ferroviaria. El Estado argentino compró en 1947 todas las compañías de capital francés e inglés existentes al 1 de Julio de 1946. La industria ferroviaria tuvo un impulso. Por ejemplo, en los Talleres de Córdoba, pertenecientes al Ferrocarril Belgrano, se fabricó la primera locomotora a vapor. Otro tanto ocurrió con la empresa FADEL de Liniers. Pero el excesivo monto pagado a los monopolios por la estatización generó enormes polémicas.

“Los Ferrocarriles valían menos de 1.000 millones de pesos. El gobierno peronista pagó cerca de 3.000 millones a la cotización de los valores ferroviarios argentinos en Londres. Según la revista Economía y Finanzas del 15 de julio de 1954 -editada por el Ministerio de Hacienda del gobierno peronista-, el 89% de las locomotoras adquiridas y el 71,9% de los rieles tenían más de treinta años de uso.” (La clase dirigente argentina frente al imperialismo, Milciades Peña). Este pago excesivo descapitalizó en gran medida al Estado argentino e impidió que se desarrollara una política de inversión industrial tanto en materia ferroviaria como en otros rubros.

Con la llamada “Revolución Libertadora” de 1955, es decir, el “golpe gorila”, Argentina se somete a los dictados del Fondo Monetario Internacional (del cual no era parte hasta ese momento). A través de ese organismo imperialista, las industrias automotrices, de neumáticos y petroleras empiezan a exigir bajo el nombre “reestructuración” la entrega de los ferrocarriles a capitales privados, dándose los primeros pasos a través del “Plan Prebisch”. En estos años se destacan las luchas ferroviarias en la denominada “resistencia” a la Libertadora.

En 1958 asume el gobierno de Arturo Frondizi y Alvaro Alsogaray, su ministro de Economía, quien viaja a EE.UU. para acordar la venida del General Thomas Larkin. Así se diseñó el denominado “Plan Larkin”, que consistía en abandonar el 32% de las vías existentes, despedir 70.000 ferroviarios, reducir a chatarra todas las locomotoras a vapor, 70.000 vagones y 3.000 coches de pasajeros para comprar todo al exterior.

A mediados de 1960 se empieza a aplicar el Plan Conintes con el objetivo de militarizar los ferrocarriles. “Para combatir el terrorismo”, decía el decreto. En 1961 se produce una huelga de 42 días contra este desguace, logrando frenar parte del intento.

Luego asume Illia (1963/1966) hablando del “déficit” ferroviario y que iba a darle continuidad al Plan Larkin con un anunciado “plan Trienal o Nacional de Desarrollo”. Hay también paros y huelgas. Luego llega el golpe de Onganía. El ferrocarril fue intervenido, militarizado y puesto a desguace, enfrentando la resistencia de las bases ferroviarias.

Gobiernos privatizadores y saqueadores

En la última dictadura militar, Ferrocarriles Argentinos, como todas las empresas del Estado, fue obligada a endeudarse innecesariamente como garantía de créditos que tomaban empresarios privados dando origen a la usurera y fraudulenta deuda externa. Hubo cierre de ramales y de 350 estaciones, de los talleres Strobel, Santa Fe y Cruz del Eje, y 50.000 despidos. De 154.000 ferroviarios quedaron 95.000. El 27 de abril de 1979 los gremios ferroviarios adhirieron al paro general convocado por la CGT.

Con el gobierno de Raúl Alfonsín se intentó aplicar el llamado “Plan Terragno”. Mediante la “reformulación de la empresa estatal” se la pretendía dividir en cuatro partes, auspiciando el gerenciamiento privado y sin invertir un peso. Siguió la corrupción y el vaciamiento.

Sin embargo, es con la asunción del presidente peronista Carlos Menem (1989-1999) cuando se produce un gran desenlace privatista. Con la Ley de Reforma del Estado avanza la privatización de los Ferrocarriles Argentinos. Comienza el ataque despiadado a la empresa y a las y los trabajadores ferroviarios. Heroicas huelgas de 1991 y 1992 superando a las burocracias sindicales asociadas al gobierno llevan a que Menem plantee “ramal que para, ramal que cierra”. Ese slogan termina transformándose en “ramal que se concesiona, ramal que desaparece”, según denunciaban los trabajadores del riel.

De los 35.746 km de red operable nacional ferroviaria que había en 1988, tras la privatización solo quedaron 11.677 km, 24.069 kilómetros menos. Es decir, se levantó el 66% de las vías, más de 90 mil ferroviarios fueron despedidos y desaparecieron 870 pueblos (pueblos fantasmas). Las líneas ferroviarias fueron divididas y el ferrocarril de carga (que permitía solventar el transporte de pasajeros) fue entregado para que los grandes empresarios, mineras y multinacionales tengan fletes para sus propias producciones fruto del saqueo y el extractivismo.

Desde su entrega a principios de los ´90, los trenes de cargas fueron acaparados por los grandes grupos exportadores (centralmente ligados al agro y a la explotación minera). El Estado entregó a empresarios nacionales locomotoras, vagones y vías, obligándolos a asociarse con grupos extranjeros. El trazado estratégico de las vías que unifica los principales puertos y regiones productivas del país, permitió a estos grupos trasladar su producción exportable a costos bajísimos. No es casual que todos estos ramales sean en su inmensa mayoría, apropiados por las propias empresas exportadoras. Aceitera General Deheza -propiedad del ex senador del PJ Roberto Urquía-, además de quedarse con su línea ferroviaria posee su propia aduana y terminal portuaria.

La lógica con la que funcionan los trenes de cargas nos pone frente a un caso de doble entrega: no sólo de los ferrocarriles -patrimonio nacional que debiera orientarse al servicio de recomponer las economías regionales- sino que su utilización por parte de estos grupos no hace más que profundizar el saqueo de nuestros recursos estratégicos hacia el exterior (Proyecto IIRSA), que sólo busca asegurarse el rápido tránsito de productos entre los puertos del Atlántico y del Pacífico. Esto explica el interés de piratas como Macri, Romero, Roggio y sus socios y amigos “sindicalistas” del Belgrano Cargas.

Con la asunción de De la Rúa se prorrogó el negocio privatizador. TBA obtuvo 22 años más y la continuidad del festival de subsidios estatales. En diciembre de 2000 el gobierno dispuso un tarifazo en colectivos, trenes y subtes. La ira popular del Argentinazo obligó a que el presidente radical se terminara yendo en helicóptero.

Posteriormente Duhalde declaró la “Emergencia Ferroviaria” en 2002 profundizando el modelo privatizador mediante el cual el Estado se hacía cargo de todos los costos ferroviarios, obras e inversiones, mientras las empresas solo recaudaban y recibían subsidios millonarios.

Bajo el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) se mantuvo la política duhaldista con cierto adorno. Montó algunos “trenes de cartón”, como el Gran Capitán a Misiones, el Estrella del Norte a Tucumán y el tren a Córdoba. Pero el sistema ferroviario siguió empeorando. Se fueron incrementando cada vez más los subsidios que iban a los bolsillos de los empresarios a pesar del aumento de los accidentes, los muertos en las vías y el repudio popular manifestado en varias oportunidades contra el deplorable servicio.

El gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) bajo el lema del “rol del Estado” y/o “el Estado presente”, gobernó para salvar a un grupo de aventureros que se llenaron los bolsillos en forma parasitaria. En lugar de invertir ese dinero en mantenimiento y desarrollo de la infraestructura ferroviaria, se los robaba y/o invertía en otros negocios. Los Cirigliano-TBA, a cargo del Sarmiento desde 1995 a 2012, con los subsidios compraron una red de empresas de colectivos en el país (1700 unidades) y en el exterior, y proveían también las netbooks escolares del plan Conectar Igualdad a través del grupo Corporate Corp. El desvío de fondos fue no sólo corrupto sino criminal, llevando a la ya mencionada masacre de Once, culpa del vaciamiento y la privatización ferroviaria. Cristina, a su vez, insistió hasta último momento en implementar el Tren Bala, una obra elitista valuada en 13.500 millones de dólares a pagar en 30 años. Igual que el soterramiento del Sarmiento, una obra faraónica anunciada varias veces por cifras millonarias en beneficio de la multinacional corrupta Odebrecht ligada a la familia Macri.

En ese mismo gobierno, y con el fin de encubrir la corruptela existente, el ministro Aníbal Fernández acusó falsamente a la izquierda. El dirigente de la actual Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, Rubén Sobrero, fue detenido el 30 de septiembre de 2011 acusado de “asociación ilícita, incendio intencional y extorsión contra la empresa TBA”. Luego de permanecer cuatro días incomunicado fue liberado el 4 de octubre, donde las supuestas pruebas cayeron como castillo de naipes tras el paro del Sarmiento, importantes movilizaciones, la amenaza de un paro general y una enorme solidaridad nacional e internacional.

Luego de la masacre de Once el gobierno estuvo obligado a pasar a manos del Estado el Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur y el Mitre, pero administrado por funcionarios patronales, no por sus trabajadores. Mientras el secretario de Transporte Randazzo volvía a asestar otro golpe al ferrocarril con un súper endeudamiento con monopolios chinos importando más de 1000 coches, vagones, locomotoras, rieles, repuestos y hasta durmientes. Y renegociar las concesiones en el ferrocarril de cargas y el de pasajeros del Urquiza (grupo Roggio) y Belgrano Norte (Emepa).

En 2013 el transporte de Cargas quedó así. El Belgrano Cargas en manos del Estado y siguieron concesionados en manos privadas Ferrosur Roca, que maneja el grupo brasileño Camargo Correa (cementera Loma Negra) transportando mineral del sur hacia Loma Negra; Ferroexpreso Pampeano, en manos de Techint y transporta sus rollos de chapa y cereal, entre las que se encuentra Cargill, Cofco y Nidera; y el Nuevo Central Argentino (NCA), de Aceitera General Deheza (Urquía), que transporta cereal al puerto de Rosario. Las multinacionales se quedan con las ganancias que da la carga y el Estado en caso de descarrilamientos le paga el seguro que incluye el material rodante, la infraestructura y la carga que se pierde. En 2023 hubo alrededor de 435 descarrilamientos, más de uno por día. La privatización es saqueo y un negocio redondo para las grandes patronales.
El gobierno de Macri (2015/2019) se caracterizó por los siderales tarifazos en el transporte, que incluyó al ferrocarril. Y por reactivar el soterramiento de Sarmiento beneficiando a la empresa Iecsa de Angelo Calcaterra, su primo. Se recortaron servicios, frecuencias y aumentaron las cancelaciones ferroviarias, esencialmente en ramales del interior, además de someternos con el endeudamiento externo por 100 mil millones de dólares, entre ellos los 45.000 millones de dólares con el FMI. En 2016 la entonces gobernadora macrista de provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cerró Ferrobaires, levantando los ramales hacia Tandil, 25 de Mayo, Chascomús, Bragado, Junín y Alberdi, Bahía Blanca y La Pampa, afectando a 104 localidades y a más de 670.000 habitantes.

Durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner (2019-2023) el sistema ferroviario no sufrió ninguna mejora, al contrario. No se registran compras de nuevas formaciones. Es decir, se siguió con un sistema en base a subsidios estatales millonarios en beneficio de las grandes patronales privatizadoras y los pulpos exportadores. Ahora Milei anunció la privatización del Belgrano Cargas -para seguir beneficiando a las multinacionales que ya tienen el negocio- y de los ferrocarriles metropolitanos de pasajeros del Sarmiento, Mitre, Roca, San Martín y Belgrano Sur. Este anuncio es parte de su plan motosierra contra el ferrocarril. Primero aplicó el desfinanciamiento de los trenes de pasajeros, luego siguió con los despidos en la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf) y otros en el Chaco. El servicio a Pehuajó dejará de funcionar. Y también anunció el decreto para vender tierras ferroviarias, entre ellas una parte del predio de Haedo. Todo esto con la venia de la lista Verde de Sergio Sasia, Secretario General de la Unión Ferroviaria, que está de acuerdo con las privatizaciones y sería beneficiada con un 10% de las acciones y un funcionario en el directorio, igual que hizo Pedraza durante el peronismo menemista.

Salvemos al tren

Hace falta un plan de salvataje. La única forma de tener un ferrocarril moderno, eficiente y rentable es que se estatice el 100% del sistema ferroviario en una única empresa monopólica del Estado que integre el servicio de carga y de pasajeros. Una empresa estatal dirigida por sus trabajadoras y trabajadores que tenga como objetivo la conexión de todo el territorio nacional, el desarrollo de las economías regionales, contribuir a la soberanía alimentaria y que brinde un servicio seguro, eficiente, con tarifas populares y accesibles para el pueblo trabajador.

Reestatizar no es volver al pasado. Es recuperar el patrimonio estatal que se perdió culpa de los gobiernos capitalistas que pusieron esas empresas estratégicas y los servicios públicos esenciales en pos del lucro privado. Los trenes son un servicio esencial indelegable que solo tiene que brindar el Estado, al igual que la salud y la educación pública. Es cierto que antes de la privatización los políticos del PJ y la UCR con la complicidad de las patronales y la burocracia sindical vaciaron esas empresas para justificar su remate. Por eso es que nuestro planteo de reestatización está íntimamente ligado a que dichas empresas pasen a ser controladas, gestionadas y administradas por su trabajadoras y trabajadores, técnicos, personal especializado y bajo el control de las organizaciones de usuarios. Para evitar que funcionarios y políticos patronales corruptos y vaciadores encumbrados en los directorios de esas empresas estatales sean cómplices de las ganancias empresariales.

Además, recuperar el transporte ferroviario es cuidar el ambiente. Está comprobado que el transporte ferroviario de pasajeros y de cargas es más eficiente y menos contaminante. El transporte automotor y/o en camiones necesita entre 10 y 14 veces más espacio vial que el ferrocarril; emplea 4 a 5 veces más combustible; produce 50 veces más muertos y heridos por accidentes; produce más congestión, estrés y ruido. La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEE) que mide el impacto medioambiental de los medios de transporte en función de las emisiones de CO2 evaluó que el tren solo es responsable del 0,7 % de las emisiones totales, siendo el medio de transporte que menos contamina.

Los vehículos por carretera suponen más del 70 % de las emisiones en la UE, frente a casi el 1 % del tren. Otro plus para el tren es que no usa neumáticos, fabricados con derivados del petróleo.

Este proyecto fue elaborado por quienes vienen luchando “por un sindicato al servicio de las y los trabajadores y un ferrocarril al servicio del pueblo”, lema de las y los delegados del FFCC Sarmiento de la Seccional recuperada de Haedo y que apoyamos desde el Frente de Izquierda-Unidad. Para imponer este proyecto se hace necesario hacerlo con lucha y movilización, como se viene haciendo desde el 2001 y los trenes de la resistencia junto a organizaciones barriales y de usuarios. Lucha que hay que seguir encarando en unidad junto a las y los jubilados, el movimiento estudiantil, las y los trabajadores de la salud, la educación, estatales, Aerolíneas Argentinas, con las asambleas barriales, organizaciones de usuarios y todos los sectores atacados por el plan “motosierra” del gobierno nacional. En el camino de lograr un gobierno de la clase trabajadora y la izquierda.

Llamamos a las señoras y señores diputados a rechazar el proyecto entreguista de Milei y apoyar la presente propuesta.
Noviembre 2024

Mónica Schlotthauer
Vanina Biasi
Nicolás del Caño
Alejandro Vilca
Christian Castillo

Este sábado 9 de noviembre a las 11hs. en el “Quincho de ADOSAC” (Miguel Ángel 1096 – Río Gallegos), la diputada nacional y delegada ferroviaria del FFCC Sarmiento Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista/FIT Unidad) acompañará la asunción de la nueva conducción combativa de la Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC), encabezada por César Alegre, también secretario general de Caleta Olivia.

Schlotthauer estará con valiosas compañeras y compañeros, entre ellas Adriana Astolfo, flamante Secretaria Adjunta provincial, Betiana Gaggioli, Secretaria Gremial provincial, Luis Díaz, Secretario Gremial de la filial Rio Gallegos y Julio Paz, Secretario Prensa de la filial Rio Gallegos, entre otras y otros compañeros de nuestra agrupación Docentes en Marcha y de la corriente sindical A Luchar.

Schlotthauer dijo: “Es un orgullo llevar la solidaridad de nuestra banca a tan importante evento. Mientras la CGT mantiene una tregua con Milei y los gobernadores, el triunfo de la lista combativa en ADOSAC muestra el camino de cómo recuperar los sindicatos para ponerlo al servicio de las luchas, reclamando que la plata vaya a salarios y a la educación, no para el Fondo Monetario”.

Schlotthauer finalizó: “Vamos a Santa Cruz, también a presentar el proyecto de declaración en la cámara de diputados, en rechazo ante el Memorando firmada por el gobernador Claudio Vidal con la empresa pesquera, pirata, esclavistas y depredadora China Hongdong Fisheries, en sintonía con la política de entrega y saqueo de Milei, donde favorece la logística de la flota china que pesca al borde de la Zona Exclusiva, lo que ataca nuestros derechos sobre el mar y sus recursos, en momentos donde la pobreza y falta de alimentos crece entre nuestra población”.

A su vez, la diputada Schlotthauer brindará una charla-debate el viernes 8 a las 20hs en el SUM del sector E de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), sobre “El presupuesto nacional 2025 y su impacto para las universidades y la comunidad en general”.

Contacto:

Mónica Schlotthauer: 11 6458-5777

X: @monschlotthauer

IG: monica.schlotthauer.diputada

Prensa de Izquierda Socialista: 11 6054-0129

Con Mónica Schlotthauer, diputada nacional de Izquierda Socialista-Frente de Izquierda Unidad
Viernes 1° de noviembre a las 19.00
Güemes 760 Sur Capital